Durante los últimos años, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) ha trabajado en nuevos temas vinculados a su misión original que, recordémoslo, se resume en contribuir a la consolidación del respeto debido a los derechos fundamentales y a la sostenibilidad de la democracia y del Estado de derecho en nuestro país. Uno de esos problemas que hemos comenzado a investigar es el vinculado con la lucha contra la corrupción.

Las razones para abordar este fenómeno son claras pues la corrupción implica un impacto negativo en la consolidación de la democracia, en el respeto a los derechos humanos y, en particular, en la ética ciudadana. Esta clase de prácticas nocivas que se vinculan con la moral pública generan efectos perniciosos en la confianza que los ciudadanos deben tener ante sus autoridades, en todos los niveles e instituciones del Estado, y por ello se hace necesario estudiarlas para así combatirlas.

Hoy la corrupción ya no se percibe solo como un ruido marginal al funcionamiento de los sistemas políticos y de la convivencia entre ciudadanos pertenecientes a la misma colectividad social. Ella es más bien reconocida como una de las principales amenazas a la democracia, pues conspira contra su legitimidad, vulnera el Estado de derecho y afecta el uso de recursos públicos orientados al cumplimiento de derechos o a fines de interés colectivo. Por ello, un acto de corrupción constituye una grave muestra de deslealtad frente a las reglas que debieran regir un comportamiento social honesto, pues supone el aprovechamiento inmoral de lo público para un beneficio privado, acción que es aún más nociva cuando la ejecutan personas que detentan cargos públicos.

Dicha deslealtad implica, ello es evidente, la tergiversación de condiciones mínimas de convivencia, la vigencia de una relación asimétrica entre gobernantes y gobernados y la desconfianza en una legalidad que, siendo ineficaz, puede derivar en falta de credibilidad. Ahora bien, lo más grave es que tales efectos negativos parecen conducir a una actitud perniciosa que se halla caracterizada por la resignación, el escepticismo y el cinismo frente al marco legal e incluso ante la idea de la honradez como valor indispensable para el ejercicio de la función pública.

Es así que la frecuencia de estos actos y la carencia de sanciones a ellos van debilitando nuestro tejido social y menoscaban el sentido de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, y nos hace cómplices silenciosos de los protagonistas de actos ilícitos e inmorales.

No es novedoso señalar cómo las prestaciones de servicios fundamentales para los ciudadanos -salud, educación, vivienda, seguridad y justicia-, que constituyen también la expresión de derechos fundamentales de los peruanos, se ven alteradas gravemente por este tipo de conducta, que, por desgracia, vive nuestra nación desde su propio nacimiento como República. Es así que no causa extrañeza que se perciba la corrupción como un mal común en la sociedad, que consagra una supuesta eficacia en detrimento de los fines y principios que constituyen las metas que queremos alcanzar. Solo así se explica la admiración y añoranza hacia presidentes abiertamente corruptos en el seno de una comunidad en donde la experiencia de la ley como garante de derechos resulta precaria e inequitativa, al tiempo que a las otras personas no se les considera ciudadanos plenos, sino más bien medios -u obstáculos- para la satisfacción de necesidades o deseos.

Tradicionalmente, cuando se habla de corrupción, se enfatizan los casos específicos que denuncian los medios de comunicación, los que se han convertido en las fuentes principales para conocer la existencia de este tipo de actos delictivos. Creemos que la reflexión y el trabajo en la lucha contra este flagelo debe ir más allá de la natural difusión e indignación que suscitan estos actos. Por ello, desde el IDEHPUCP, consideramos necesario cumplir con un trabajo que trascienda de los titulares cotidianos y permita que los agentes jurídicos, vinculados a procesar este tipo de casos, puedan contar con información y recursos jurídicos pertinentes sobre la materia.

Es por tal razón que, con el apoyo de la Open Society, el IDEHPUCP ha imple- mentado el proyecto «Justicia y Estado de derecho: aportes al fortalecimiento del sistema de justicia penal en materia de lucha contra la corrupción». En el marco de esta iniciativa, se han desarrollado talleres de capacitación en siete regiones del país (Lambayeque, Piura, Arequipa, Junín, La Libertad, Áncash, Cusco y Lima), en los que se han brindado mayores y mejores herramientas a magistrados del Ministerio Publico y del Poder Judicial en relación con la investigación y procesamiento penal de delitos contra la administración pública.

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Fuente: PUCP

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